Villavicencio. Lunes 25 de mayo de 2020

Actualmente la coyuntura de COVID-19 ha impuesto retos al sector de la construcción principalmente en el retorno de actividades en las obras, actualmente en la región el 79% de los proyectos ha reanudado obras, inicialmente haciendo adecuaciones para cumplir los protocolos de bioseguridad para poder proteger a los trabajadores y continuar con el ciclo de construcción y terminar los mismos.

Esta reactivación deja como balance que más de 1.800 personas retornaron a sus empleos, demostrando la importancia del sector en la generación de puestos de trabajo, sin embargo, a la coyuntura actual de la pandemia que está generando una recesión económica mundial, se le suma la preocupación del sector frente al incremento del pago de impuestos para poder sacar licencias de construcción, exactamente el pago de la estampilla Unillanos y el impuesto de delineación urbana.

El primer tributo la estampilla Unillanos que se pagó por más de 10 años con la base gravable de la licencia de construcción, hoy por interpretación jurídica de la ordenanza departamental se está liquidando de acuerdo a la base gravable presupuesto de obra lo que automáticamente generó un incremento para el pago de 1000 a 3000 veces el valor del impuesto, algo que se sale de todo contexto y se vuelve una barrera para generar reactivación económica del sector en la ciudad, que venía aperturándose gradualmente y de forma ordenada y responsable. Este sector que encadenada el 54% de los sectores productivos, genera cerca de 19 mil empleos y por actividades inmobiliarias unas 5 mil en la capital llanera, para un total de 24 mil empleos, no va a recuperarse con estos altos costos tributarios.

Por otra parte, el impuesto de delineación urbana el cual todos los ciudadanos debemos pagar al momento de solicitar una licencia de construcción en cualquier de sus modalidades, obra nueva, demolición, encerramiento, entre otras, en los últimos dos años subió su tarifa para la liquidación en promedio un 64%, impactando de manera considerable el bolsillo del ciudadano del común y los proyectos inmobiliarios que impulsan el desarrollo de la ciudad, además, en un comparativo realizado por Camacol Meta con las ciudades de Ibagué, Tunja, Pereira y Neiva la tarifa para liquidación de este tributo en algunos estratos, supera hasta en un 3.800% respecto a la de nuestra ciudad.

Lo anterior constituye un aumento de la incertidumbre en materia económica y jurídica poniendo en peligro la recuperación del sector de la construcción trayendo como consecuencia que en el corto plazo “se podrían dejar de construir más de 210 mil metros cuadrados en unos 21 proyectos constructivos que contienen alrededor de 3.000 unidades de vivienda y generarían aproximadamente 2.500 empleos directos”, más los puestos indirectos que se creen por el alto encadenamiento productivo del sector, el cual por cada aumento de un peso ($1) en la demanda por edificaciones, ocasiona después de todos los efectos hacia atrás, un impacto de tres pesos ($3) en el producto de la economía, es decir, por cada millón de pesos invertido en la construcción de edificaciones se generan 3 millones de pesos en la economía, que es el efecto multiplicador de la inversión en el sector.

Las administraciones locales están en un momento de tensión por las crecientes demandas sociales y económicas que representa la pandemia, por ese motivo, es vital la cooperación y trabajo equipo con el sector privado con el fin de crear una política articulada en los territorios, alineada con la nacional, para atender y reconocer la coyuntura actual permitiendo el impulso de sectores con altos encadenamientos productivos como la construcción que pueden generar un efecto rebote importante en la generación de puestos de trabajo y en general en el clico económico de las ciudades en el mediano, corto plazo y largo plazo.

 

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